(Publicado originalmente en noviembre de 2015 en http://territorioabierto.jesuitas.cl/soberania-territorial/)


En nuestras ciudades, se puede observar con evidencia cotidiana cómo la premisa “si cada uno busca salvaguardar su propio interés se consigue el mayor bien para todos”, en un buen número de casos, es falsa. Quien decide usar su vehículo particular, en vez del transporte público, contribuye a crear los tacos que se generan cotidianamente en nuestras calles. Externalidades negativas les llaman. Antes de seguir adelante, una aclaración: aunque escribo considerando la experiencia de Santiago de Chile, esto mismo se puede aplicar a otros lugares.

Santiago de Chile al atardecer con la luna saliendo en la cordillera
Era un lugar común hace unos 20 años, antes de construir las autopistas de las que hoy nos ufanamos -y también sufrimos- que, para disminuir los tiempos de viaje entre distintas zonas de la ciudad, debía desincentivarse el uso del automóvil. Para eso había que mejorar sustantivamente el transporte público, con vías segregadas y otros mecanismos que hicieran que, a la hora de tomar decisiones, el inestable equilibrio del impacto en la comunidad de las decisiones cotidianas que cada cual toma, se moviera hacia uno de mayor bien para todos.

Sabemos el resultado. Restricción vehicular, tarificación vial, aumento en los costos de los estacionamientos. Estas son solo algunas de las posibles medidas que la autoridad territorial debiera tomar para generar cambios en los comportamientos individuales que, finalmente, provocan un daño. Es labor de la autoridad política velar por el bien común, ejerciendo el poder que le ha sido confiado sobre quienes viven en un territorio. Cuando las instituciones que nos hemos dado no sirven para realizar los propósitos con que fueron creadas, hay que cambiarlas.

Apliquemos la misma premisa a lo que está ocurriendo con las estrategias de densificación territorial. En la última década en la Región Metropolitana de Santiago, se han impulsado distintas políticas públicas que premian la construcción de edificios y viviendas en zonas antiguas de la ciudad. Esto para aprovechar la infraestructura urbana disponible (agua potable, alcantarillado, comisarias, supermercados, metro, hospitales, colegios y universidades), en vez de ir más allá de los límites de la ciudad, donde todo eso falta, y los tiempos de desplazamiento hacia el trabajo y el estudio son considerables.

En lo que se refiere a las políticas de vivienda social, se ha promovido la posibilidad de la “densificación predial”, es decir, construir una segunda vivienda en un sitio propio o de un familiar, o del “subsidio de localización”, que ha permitido, en un buen número de casos, erradicar campamentos construyendo viviendas sociales bien cerca de su localización primera, facilitando, entre otras cosas, el que no se rompa el frágil tejido social de las familias que viven ahí.
 Otro caso de similar naturaleza es el del subsidio para la construcción y compra de departamentos en el centro de Santiago y otras comunas circundantes. Aunque no sabemos del todo cuál es el real impacto que tienen estas medidas, es evidente que motivan decisiones de constructoras e inmobiliarias.Un interesante ejercicio es subir al cerro San Cristóbal y ver la ciudad y su crecimiento desde allá. Con claridad se puede observar la cantidad de edificios que han proliferado en torno a las estaciones del metro. ¿Cuál es la consecuencia que tiene sobre los territorios el que, en un corto periodo de tiempo, se multiplique por 50 o 100 la cantidad de habitantes que viven en él?

Las respuestas son diversas, e incluyen aspectos positivos y negativos. Interesante es que desde una aproximación multidisciplinar, hay numerosas organizaciones sociales y académicas que están intentando responder estas preguntas. Recomiendo asomarse a la web www.plataformaurbana.cl en la que uno puede suscribirse a un newsletter cotidiano. Por estos días, promueven varias iniciativas que justamente tratan de responder estas preguntas.

Bastante se ha hablado de la necesidad de una autoridad que tenga efectivo poder para abordar las complejidades de una metrópoli y velar por el bien común de todos los que la habitamos. Sin lugar a dudas hay que tener una mirada en lo macro, y hasta ahora muchos coinciden en que esta visión ha faltado (o ha fallado). Pero, además, es importante la base, la organización local, barrial o territorial.

Un ejemplo virtuoso es el que acontece desde hace algún tiempo en el barrio Yungay, y tantos otros sectores antiguos de Santiago, que se van organizando y renovando. Pero, lamentablemente, hay muchos otros ejemplos en los que el precario equilibrio se mueve hacia un resultado peor para todos. Es el caso de los llamados guetos urbanos que el mismo Estado ha provocado, en razón de las políticas de vivienda social de décadas pasadas. El “tío Emilio”, como cariñosamente le dicen, lo hizo evidente hace poco en el programa “En su propia trampa” de Canal13.

Lamentamos que en actual gobierno no se continuara con el Programa Segunda Oportunidad, que permitía a familias que ya habían recibido un subsidio habitacional en barrios con graves problemas de convivencia y seguridad, acceder a una nueva vivienda (lo comentamos hace dos años). Además se procedería a demoler las antiguas viviendas para dotar al barrio de parques e infraestructura urbana, un beneficio para quienes decidieran permanecer ahí. Por razones de diversa naturaleza, en muchos lugares, no se ha podido forjar el tejido social que hace que no sea la ley del más fuerte la que se imponga. Se requiere actuar decididamente con todas las facultades que ofrecen la ley y las instituciones para recuperar ahí la soberanía territorial.

Coincidentemente, el último informe de Desarrollo Humano del PNUD en Chile se refiere a los tiempos de la politización de los chilenos. El próximo informe, que debiera salir el 2016, abordará el tema del Territorio.

Ciudadanos democráticamente responsables que se organizan, son capaces de visibilizar sus necesidades, y no solo esperan que venga la autoridad a resolverlas, sino que hacen lo que está a su alcance para, entre todos, resolverlas y así constituirse como comunidad. Y, al mismo tiempo, pueden exigir a quien tiene que velar por el bien común que efectivamente lo haga. La sociedad y país que construimos reflejan lo que vive cada uno y las comunidades a las que pertenecemos.