Desde la década del 60 se ha venido desarrollando a nivel mundial un
movimiento que promueve el Derecho a la Ciudad. De algún modo se intentó
con este movimiento trasladar la lucha social precedente desde las industrias y
fábricas al territorio más amplio en que todos conviven: la ciudad. Siendo la
ciudad el territorio de la simultaneidad y del encuentro, así como de luchas y conflictos, se trata de dejar de mirarla
tan solo como una forma, para analizarla como un proceso. El Derecho a la
Ciudad, a través de la movilización social y la lucha política colectiva,
valora y reconoce el que cada uno de los habitantes participe activamente en la
vida política y en la administración de la ciudad, en sus distintos niveles
(barrio, comuna, metrópoli).[1]
Una de las interrogantes fundamentales que inspira este movimiento es
respecto a quiénes son los principales actores a la hora de atender los
problemas de la ciudad. Hay quienes postulan que debieran ser ante todos los
ciudadanos organizados, la base, y en particular los propios marginalizados urbanos.
La premisa de fondo es que quien mejor conoce sus necesidades es el que las
padece, y por tanto su opinión y participación es vital al momento de buscar
soluciones.[2]
Desde este enfoque, en el caso de las políticas de vivienda ha habido
interesantes discusiones y experiencias. John Turner[3] propuso a mediados de los años 70 enfrentar el
déficit y la precariedad habitacional en las grandes ciudades promoviendo la
autonomía de las propias personas en la construcción de sus casas. Convencidos
de este modelo, organismos internacionales financiaron programas específicos de
urbanización y servicios básicos en las periferias de las ciudades del Sur
atestadas de asentamientos precarios. Algunos ahora acusan que, en una
“amalgama entre anarquismo y neoliberalismo”,
esto desacreditó o dejó en un segundo plano el rol de los Estados y
Gobiernos locales,[4] provocando la expansión desenfrenada de
barrios híper-degradados en las periferias de las grandes ciudades. Esto en contra
la que había sido la tendencia hasta entonces de construcción de grandes
conjuntos de vivienda social, en una dinámica más vertical, de arriba hacia
abajo.[5]
En el esquema de Turner, a la autoridad le correspondía un rol preponderante en
la etapa de planificación, siempre en diálogo estrecho con los ciudadanos
organizados y dejándoles a ellos la última palabra. En las etapas de
construcción y gestión, en cambio, los protagonistas serían completamente los
usuarios. En ambos casos los proveedores tendrían un rol secundario en la etapa
de construcción (ver Ilustración 1). La tensión es, en los extremos,
entre autonomía y heteronomía de parte de los usuarios finales de las viviendas
en los sectores marginalizados de la ciudad.
 |
Ilustración 1: Autonomía o
Heteronomía en sistemas de vivienda social.
Fuente: J.F.C. TURNER,
Housing by People, 29.
|
Este modelo da que pensar en lo que se refiere al modo de proveer
satisfacción a otras necesidades básicas de la población más vulnerable o
marginalizada de una ciudad. Especialmente relevante es el nivel de participación
que tienen los distintos grupos marginalizados al momento de hacer frente a sus
necesidades. Y en definitiva se levanta la pregunta por el tipo de relaciones
que se favorecen entre las instituciones del Estado y los ciudadanos: si una
que fomenta el paternalismo y/o clientelismo, o bien una que promueve la
instalación de capacidades y el cuidado del tejido social.[6]
Como en todo proceso social que involucra a personas diversas en
contextos diversos, los resultados de estas propuestas tras varios años de implementación
han sido también diversos.[7]
En términos generales se puede aseverar que en los lugares donde se consiguió
constituir una comunidad organizada el resultado ha sido ampliamente favorable
en la perspectiva del bien común en la ciudad, ya sea por liderazgos locales
eficaces, procesos participativos, afinidad, parentesco o historia común. Pero
también ha habido casos de resultados negativos, en que el sueño de la casa propia
se ha convertido en una pesadilla, dándose lo que algunos llaman guetos
urbanos[8] en
que la desesperanza, el abuso de las drogas y el alcohol, la falta de trabajo,
las pandillas, etc., afectan considerablemente la vida cotidiana de miles de
personas. En algunos casos de condominios de vivienda social provista
enteramente por el gobierno central, la solución tras algunas décadas, ha sido
la de demoler parte de esos conjuntos de vivienda y proveer otras soluciones.[9]
El debate
más reciente respecto de las ciudades ha estado relacionado con pensar las
condiciones que deben desarrollarse para que una ciudad sea considerada justa,
evaluando sus instituciones desde la perspectiva de quienes están en una
situación desventajosa respecto de los demás, y sobre todo promoviendo que sea
la sociedad civil organizada que participe y empuje los cambios que la ciudad
necesita.[10] En Chile existen distintas organizaciones e
iniciativas que están promoviendo el Derecho a la Ciudad.[11]
[1] Se le asigna la
“paternidad” de este movimiento a Henri Lefebvre, que en 1967, con motivo de
los 100 años de ‘El Capital’ de K. Marx publicó el libro ‘Le droit à la ville’.
Hemos tenido acceso a la traducción italiana H. Lefebvre,
Il diritto alla città. Para comprender algunos alcances actuales de
este movimiento véase M. Dikec,
«Justice and the spacial imagination»; D.
Harvey, Rebel Cities. From the
right to the city to the urban revolution.
[2] En tanto es un
movimiento que lleva varias décadas, ha habido buenos esfuerzos de sistematizar
y compartir experiencias exitosas, en muchos casos partiendo de la sociedad
civil organizada en simultáneo con acciones de los gobiernos y sus instituciones.
Cf. A.
Sugranyes – C. Mathivet,
ed., Ciudades para todos. Por el derecho a la ciudad, propuestas y
experiencias. (ver)
[3] CF. J.F.C. Turner, Housing by People.
[4] Acusa Mike Davis,
que desde la conferencia ONU HABITAT I realizada en 1976 en Vancouver, se
impulsó esta agenda por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, que ha tenido - en su opinión - consecuencias nefastas para los
barrios degradados de las ciudades. Cf. M. Davis, Planeta de Ciudades Miseria, 99. Véanse
especialmente los capítulos ‘La traición del Estado’ e ‘Ilusiones de
autoayuda’.
[5] Ante esta tensión es
interesante considerar algunas notas del
caso de Chile. En el gobierno de Frei (64-70) se inició el programa ‘Operación
Sitio’. En el gobierno de Pinochet (73-90) se implementó el programa de ‘Casetas
Sanitarias’ (en ambos casos además de otros programas). La lógica que había
detrás era de proveer por parte del Estado de aquello más costoso (urbanización
y provisión de servicio de electricidad y agua potable) dejando el resto de la
construcción de la casa a cargo de los propios habitantes. Un incansable
predicador de esta modalidad ha sido el p. Josse van der Rest SJ, quien ha
trabajado por años en la Fundación de Viviendas del HC (hoy Fundación
Vivienda): su slogan era “es mejor una casa de madera ahora, que una más
grande de albañilería en 10 años más”. Cf. J. Van
der Rest S.J. – J. López Vivanco, «Un hogar para los
pobres». Se encuentra un
relato de la inserción y acción social del P. Van der Rest en las callampas
de Santiago de Chile en W. van
Straaten, «Un barone nella
callampa». A medida que las
posibilidades económicas del país lo fueron permitiendo, se dio paso a nuevos
tipo de soluciones que con un aporte mayor del Estado, ha mantenido la misma
idea de base. Véase el caso más reciente de Elemental: A. Aravena,
«ELEMENTAL».
[6] Resulta iluminador
el libro de D. Naraya,
«La voz de los pobres : ¿Hay alguien que nos escuche?» (ver), en el que se evalúa la opinión de
beneficiarios de programas financiados por el Banco Mundial en distintos
países. En Chile, la Fundación Paréntesis también ha editado un libro similar a
partir de una experiencia de trabajo con adolescentes en contextos de pobreza y
exclusión social. Cf. R. Hoyos
– al., Nada Sobre Nosotros, Sin Nosotros. (ver)
[7] Además también se
han favorecido otras modalidades de provisión de vivienda social distintas de
la construcción de viviendas nuevas, en tanto las familias van creciendo y
teniendo distintas necesidades específicas. Estas modalidades van desde la
entrega de subsidios de arriendo, o en los que el Estado o entidad de gobierno
local mantiene la propiedad y administración y asigna temporalmente la casa.
[8] Valga la prevención
de que este apelativo dado por algunas autoridades chilenas a algunos barrios
de la ciudad ha recibido fuertes críticas tanto por parte de académicos como de
dirigentes de las comunidades así denominadas. Cf. F. Jiménez
Cavieres, «Villa Francisco Coloane: vulneración del derecho a tenencia», 88-89. (ver)
[9] En Chile se le ha
dado el nombre ‘Programa de Recuperación de Condominios Sociales Segunda
Oportunidad’. Ver una evaluación de su primera implementación desde la
perspectiva de los beneficiados en F. Delgado
Valverde, Primer llamado 2013: programa de recuperación condominios
sociales segunda oportunidad en Bajos de Mena, Santiago de Chile. (ver)
[10] Véase S.S. Fainstein,
The Just City; D. Harvey, Social Justice
and the City; D. Harvey,
Rebel Cities. From the right to the city to the urban revolution.
